La Provincia defendió enérgicamente el aumento salarial del 35% que el Poder Ejecutivo (PE) otorgó a la Policía durante el acuartelamiento de diciembre. En su primera intervención en el juicio que inició la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad, la Fiscalía de Estado expresó que el Gobierno de José Alperovich incrementó los haberes en forma voluntaria.

“El acto administrativo impugnado fue voluntario, es lícito, goza de la presunción de legalidad y produce sus efectos a partir de la publicación en el Boletín Oficial”, precisó Sebastián Grunauer, letrado de la Fiscalía de Estado en el escrito en el que manifestó que la fundación no estaba legitimada para demandar la nulidad del decreto cuestionado; que esta no había agotado la vía administrativa y, por ende, había consentido la aplicación del aumento, y que la Justicia debía rechazar las medidas cautelares solicitadas.

El 10 de enero, la ONG inició un juicio para dejar sin efecto el decreto arrancado al PE en medio de la crisis policial y social. La demanda ingresó en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal que integran los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. La entidad presidida por Carlos Felipe Díaz Lannes dijo que promovía el pleito porque el propio Alperovich había declarado que la Policía obtuvo el beneficio económico por medios extorsivos y porque su Gobierno había presentado una denuncia por sedición contra los rebeldes. En la demanda, la fundación pidió a la Justicia que suspenda provisoriamente la liquidación del incremento y que ordene al PE la conformación democrática de una comisión paritaria destinada a discutir las condiciones de labor. La ONG planteó que ese comité formado por delegados de los policías podía incluso establecer que el aumento sea aplicado retroactivamente a enero 2014.

Respecto de la suspensión del aumento, Grunauer manifestó que en el presente ya estaban liquidados los haberes con la actualización de parte del personal policial. Para oponerse a la medida cautelar, el abogado dijo: “la voluntad del PE no fue forzada por violencia física ni moral. Tras evaluar la situación fáctica y socioeconómica imperante, el Gobierno consideró procedente otorgar el aumento a las fuerzas de seguridad como un medio más de optimizar su tarea, habida cuenta de las particulares características del servicio policial”.

El letrado expresó que ello no implica negar que en diciembre un grupo de policías “no mayoritario” reclamó la recomposición salarial e instó al resto al acuartelamiento, conducta que motivó la denuncia de una supuesta sedición. Grunauer acotó que ese proceder no pudo de modo alguno violentar la voluntad del PE: “al momento del otorgamiento del aumento ya habían llegado las fuerzas de Gendarmería que salvaron la situación creada por el grupo que arengaba un paro policial (...). Bajo ningún punto de vista puede considerarse que el fundamento del aumento dispuesto haya sido (el alzamiento) de un sector minoritario de fuerzas policiales armadas”.

El abogado de la Provincia aseguró que las exigencias de los rebeldes no tuvieron cabida y que el incremento con total seguridad iba a extenderse próximamente a los demás agentes de la Administración Pública. “Mal puede sostenerse que el Gobierno actuó por presión o extorsión, si no accedió a lo requerido por los insurrectos”, especificó. Y advirtió que la suspensión de la liquidación del incremento suponía crear las condiciones para un nuevo conflicto con la Policía.

En cuanto a la propuesta de “democratizar” los mecanismos de discusión salarial de la fuerza, la Fiscalía de Estado adujo que esto implicaba una subversión del orden constitucional, y descartó que la Justicia esté facultada para decidir e impartir las órdenes tendientes a organizar un programa de seguridad. “La Carta Magna delega esas potestades al PE y a la Legislatura”, expresó. Según Grunauer, la pretensión de la ONG quebranta el principio republicano de gobierno. También dijo que no se podía avanzar sobre la formación de comisiones paritarias en la Policía porque esta era una discusión que llevaba más de 20 años en el país y que no correspondía que sea zanjada por una orden judicial. “El Ministerio de Trabajo de la Nación niega sistemáticamente la personería gremial a los policías porque el derecho a huelga pone en riesgo la seguridad pública”, alegó.

La respuesta de la Provincia habilita a la Sala II de la Cámara Contenciosa a pronunciarse sobre las medidas cautelares. En cuanto a las excepciones de falta de legitimidad y de no agotamiento de la vía administrativa, en principio corresponde que el estrado corra vista a la ONG que demandó a la Provincia.